El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció acciones “contundentes” contra los negocios que, desde el sur de la Florida, participen en actividades comerciales con el régimen cubano sin la debida autorización federal.
En una carta publicada este 1 de septiembre, Fernández afirmó que aplicará estrictamente el Estatuto Estatal 205.0532, que faculta a las autoridades locales a revocar licencias a compañías que mantengan vínculos con La Habana sin contar con permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
“Usted llega a Estados Unidos, al sur de la Florida, a Miami-Dade, y trata de hacer negocios con la dictadura… por supuesto que tenemos la autoridad para detener que eso siga ocurriendo”, declaró Fernández en entrevista con Martí Noticias.
Investigaciones en curso
Consultado sobre cuántas empresas están actualmente bajo la lupa, el funcionario explicó que no puede ofrecer cifras, pero confirmó que su oficina ya trabaja en coordinación con agencias estatales y federales.
“Tenemos una lista. Estamos colaborando con agencias federales y, en las próximas semanas, comenzaremos a enviar cartas a compañías que están violando la ley. Cuando tengamos la posibilidad de hacer públicos esos nombres, lo haremos para que la comunidad lo sepa”, aseguró.
Mecanismos de control
El recaudador explicó que cada empresa que opera en Miami-Dade necesita un “local business tax” para poder funcionar legalmente. Esa licencia puede ser revocada si se demuestra que la compañía o su matriz realizan negocios con Cuba en violación de la normativa estadounidense.
“Tenemos una unidad que, a través de diferentes medios, determinará si estos negocios están incumpliendo. A nivel del condado, si se les revoca la licencia, no podrán operar”, explicó.
Fernández envió un mensaje a los cubanos del exilio que observan con indignación cómo algunos empresarios se enriquecen mientras en la isla persisten la escasez y la represión.
“Es increíble que existan compañías aquí que manden contenedores de comida y luego la vendan a precios excesivos en Cuba, cuando el pueblo se muere de hambre. No podemos permitir que se sigan beneficiando de la tragedia cubana”, sostuvo.
Transparencia en el proceso
Ante las críticas del régimen, que acusa a estas medidas de querer “ahogar” aún más al pueblo cubano, Fernández insistió en que se trata de un tema de legalidad y de seguridad nacional.
“El Estatuto de la Florida es claro. Si violan la ley federal, nosotros tenemos la autoridad para cerrar esos negocios. Esto no es político, es cumplir la ley y proteger a nuestra comunidad”, concluyó.
María Elvira Salazar se suma
La congresista federal María Elvira Salazar se sumó a la petición de Fernández y recordó que su oficina escribió una carta a la Secretaría de Estado y a la del Tesoro pidiendo revisar las licencias a estos negocios.
Como representante de cientos de miles de personas que huyeron de la tiranía castrista, no pienso quedarme de brazos cruzados mientras el régimen intenta evadir sanciones y lucrar con el sufrimiento del pueblo.
"Cada dólar que entra en La Habana fortalece a los asesinos dictadores y debilita la política de EEUU. Mi petición a fue clara: investigar a todas esas empresas sin escrúpulos que negocian con la dictadura", dijo Salazar en X.
"El abuso se les acabó. Que se preparen para enfrentar consecuencias reales", añadió.